¿Quiénes somos y formamos la clase campesina y campesindia de México?

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Se reconoce “que la Revolución Mexicana como hecho histórico no constituyó una revolución en contra del modo de producción capitalista, si no la base del actual sistema dependiente, en el cual los campesinos constituyen la base de la pirámide social del subdesarrollo, 2) la estructura agraria actual, después de 60 años de la Revolución, muestra claramente el predominio y desarrollo de la clase capitalista y la dominación y explotación de los campesinos, 3) la sociedad y la economía campesinas no están aisladas de la sociedad y la economía capitalistas, y el intercambio desigual existente entre las dos determina la explotación de los campesinos, 4) esta explotación es la base para la existencia de los campesinos como una clase social, aunque el control político del estado, su falta de organización y de conciencia de clase, hacen que los campesinos sean una clase en sí, aunque no una clase para sí”[1]. (Montoya, 1977).

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Nosotros, la Clase Campesina de México, personas, familias de mujeres y hombres que vivimos en las localidades rurales, ejidos, comunidades, los dedicados a la pequeña y la mediana agricultura, dedicados milenariamente a la agricultura, hijos del maíz y el frijol, campesinos, indígenas, afrodescendientes, labriegos, jornaleros, pescadores rivereños, pastores y ganaderos trashumantes, productores de pequeña y mediana escala, las y los huehues, las juventudes nómadas y migrantes, y las personas de la infancia, tenemos esperanza en el México del presente y el México del futuro, nosotros que queremos una vida armoniosa con la naturaleza, y entre los pueblos de México.

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La Clase Campesina somos una realidad histórica objetiva, única en el mundo, creada por la Revolución Mexicana, que le transmitió el dominio sobre la propiedad social asignada por el estado, no comprada, sobre la base de la Constitución de 1917, que hoy tiene responsabilidades y derechos productivos sobre más de un millón de kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad del territorio nacional.

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En virtud de que la Carta Magna establece en el primer párrafo del Artículo 27, que las tierras y aguas pertenecen originariamente a la nación, quien tiene en todo momento el derecho de transmitir su dominio a los particulares, creando la propiedad privada; de la misma manera, esta Iniciativa se sustenta en este mismo derecho de la nación, de transmitirla también a ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas, creando la propiedad social; pues la Clase Campesina es creación directa de la Revolución Mexicana y el reparto agrario establecido en la Carta Magna de 1917, que el Estado neoliberal se propuso destruir, y que debe ser revertido, como condición necesaria para cancelar el Estado neoliberal; que, además, encadenó estos cambios constitucionales a tratados internacionales, con el objeto de subordinar la soberanía del pueblo de México, y de someterla a intereses de corporaciones globales y potencias extranjeras.

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La Clase Campesina es impulsora de la transformación nacional. El voto campesino y rural en distritos electorales rurales en el 2018 fue cercano a los 8.5 millones de votos de los más de treinta millones de votos de los mexicanos que decidimos elegir el camino de la Cuarta Transformación de México, para acabar con más de 30 años de agravios, despojos y vejaciones a la clase campesina de parte de los caciques y gerentes neoliberales del salinato que fue cómplice de la traición al Pacto Social Estado-Campesino de México.

La Clase Campesina confirmó su decisión de profundizar la transformación iniciada por el primer gobierno de la Cuarta Transformación, conducido por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador; con 11.5 millones de votos en distritos rurales, de los 35.9 millones de votos a favor de la primera Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

La Clase Campesina es heredera de la tierra y de las luchas históricas del pueblo de México.

Ante las amenazas de Estados Unidos de América a la nación mexicana, la Clase Campesina manifiesta su apoyo irrestricto a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a nuestra gloriosa Fuerza Armada Permanente en la defensa de la soberanía y legítimos intereses de la nación mexicana; y se suma como garante de la soberanía nacional, en este momento de la historia de México y el mundo, junto con millones de mexicanos patriotas.

Nosotros, la Clase Campesina del México profundo, con raíces milenarias, hoy decimos, ante las amenazas económicas y militares de los Estados Unidos de Norteamérica, que somos una nación soberana, libre, independiente y con capacidad de producir de manera autosuficiente, todos los alimentos que requiere la sociedad mexicana, ahora y en el siglo XXI, y que el TLC-TMEC es un tratado neocolonial diseñado en contra de la Clase Campesina, para despoblar nuestros territorios, depredar nuestros recursos naturales y crear una dependencia alimentaria, artificial, innecesaria, dañina para el pueblo de México y nuestros ecosistemas; por lo que exigimos la denuncia de dicho tratado por medio de un referéndum del pueblo de México; toda vez, que lo establecido en el contenido de los tratados, conforme a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, debe ser cumplido y queda con supremacía sobre la Carta Magna de los mexicanos.

Ante la grave dependencia agroalimentaria y nutricional provocada por el régimen neoliberal, y la contrarreforma constitucional salinista del Artículo 27 constitucional en 1992; con la expansión de empresas agroalimentarias extranjeras que han establecido oligopolios en nuestro país; así como los efectos devastadores del cambio climático, y el injusto, irracional e innecesario TMEC, que ha inundado nuestros mercados y creado una dependencia alimentaria; esta Iniciativa busca reconocer la propiedad social de la Clase Campesina, tanto de hombres como de mujeres, como sujeto económico individual y también colectivo, con profundas raíces en cada localidad, región y el país entero; como condición necesaria para restablecer los derechos de la Clase Campesina, pero también sus obligaciones con la nación; lo que permitirá convertirla en la principal garante de la soberanía alimentaria y nutricional, del cuidado permanente de los ecosistemas, el agua y la biodiversidad; de manera conjunta con más de dos millones de pequeñas y pequeños propietarios privados existentes.

Nosotros, la Clase Campesina de México, consciente de las graves amenazas privatizadoras que se ciernen sobres las tierras y aguas de México en favor de un puñado de grandes empresas trasnacionales, acudimos a los preceptos de la Iniciativa Ciudadana previsto en la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, que da el derecho a los ciudadanos a iniciar propuestas legislativas, con el 0.13% de la lista nominal de electores[2]. Y en su defecto, manifestamos que haremos la entrega de este reclamo de la Clase Campesina y del este proyecto legislativo, a los diputados que verdaderamente están comprometidos con los destinos de la Clase Campesina y del pueblo mexicano.

El Censo Agropecuario 2022 del INEGI, reporta que nosotros la Clase Campesina, productora de los alimentos de los mexicanos, realizamos nuestras actividades productivas en 4.7 millones de Unidades de Producción Agropecuaria de las cuales el 59.2% son ejidales es decir fruto de la dotación agraria; un 12.7% son comunales es decir propiedad social agraria restituida a pueblos y comunidades originarios; propiedad privada detenta el 27.4% de la superficie; las Colonias Agrícolas y Ganaderas que son aquellas tierras entregadas en usufructo a grupos de colonos; y la Propiedad Pública un 0.3% cada una de ellas.

Casi un 90% de las Unidades de Producción censadas que manifestaron alguna problemática, señalaron en primer lugar el alto costo de los insumos y los servicios, y un 37% expresó que su principal problema fueron los bajos precios recibidos por sus cosechas, un 26% expresó que el problema central es la pérdida de fertilidad de la tierra.

Que los indígenas y campesinos han sido colocados por el sistema económico prevaleciente, como simples proveedores de materias primas e insumos primarios, que aprovecha principalmente la iniciativa privada (intermediarios y grandes empresas alimenticias), perdiendo el papel soberano de productores de alimentos sanos e inocuos para la nación.

Que los indígenas y campesinos han sido convertidos en servidumbre al servicio de los intereses económicos y proyectos de expansión de los grandes monopolios de la tecnología y los alimentos, así como objeto de despojo de la propiedad social que circunda las ciudades por parte de empresas inmobiliarias.

Que las políticas neoliberales provocaron desempleo en el medio rural, también la disminución del ingreso real de la familia campesina, provocando la salida de millones de jóvenes (mujeres y hombres) a las grandes ciudades y de 5 millones de trabajadores migrantes al extranjero, en busca de empleo y mejores ingresos.

Que a partir de la modificación del Artículo 27 de la Constitución y la publicación de la nueva Ley Agraria, las políticas neoliberales fueron impuestas mediante el engaño, el chantaje y la amenaza a las asambleas campesinas, para que aprobaran el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), y adoptaran la figura del “Dominio Pleno” para favorecer la privatización de la propiedad de la nación, y para que con ello, aceptaran la inversión privada, ya sea para la renta de sus parcelas o bienes comunales, o aceptando la “venta” o mejor dicho, el despojo de sus tierras, como ya ha ocurrido con miles de hectáreas de las mejores tierras en distritos de riego, de bosques, con ríos, con playas o con minerales.

Que las políticas neoliberales contemplaron la eliminación de todos los programas públicos de apoyo directo a la producción agropecuaria como o son el crédito, los servicios de capacitación, asistencia técnica a campesinos, indígenas y afromexicanos dedicados a la producción primaria, se eliminaron los precios de garantía, la construcción de infraestructura productiva y de servicios como el acopio, almacenamiento, industria transformadora, así como presas, canales de riego, bodegas, caminos, puentes, refinerías de petróleo, y fertilizantes, vías férreas, redes eléctricas y telefónicas, entre otras.

Que la legislación neoliberal secundaria, basada en las modificaciones de la Constitución en su artículo 27 y el marco legal secundario que de él deriva (leyes de: Agraria, de Aguas Nacionales, de Minería, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Crédito Rural; de Seguros Agropecuarios, de Energía Eléctrica, de Petróleo y Gas) protege principalmente la privatización y la libre explotación de las tierras y recursos, colocando el interés económico por encima de los derechos humanos, de la biodiversidad, de la tierra y las aguas. Provocando la deforestación de millones de hectáreas del territorio nacional, la producción de alimentos contaminados con glifosato y semillas transgénicas, la contaminación y erosión de las semillas nativas, la contaminación de suelos, del agua y mantos freáticos subterráneos, favoreciendo la alteración de los equilibrios naturales, la desertización de los territorios, el calentamiento global, que afectan la existencia de la vida animal, vegetal y humana.

Que las modificaciones neoliberales al 27 de la Constitución, que entre otros derogó los mandatos de las fracciones X al XIV, el segundo párrafo del XV, y la fracción XVI, favoreciendo la privatización y el acaparamiento de tierras, aguas y bienes del subsuelo, y con ello el surgimiento de nuevos latifundios simulados, que al amparo de supuestas sociedades, cuyos socios no conocen las tierras de las cuales son dueños, sirven para amparar a nuevos terratenientes, motivos que contribuyeron a generar migración, desigualdad social, explotación, discriminación, miseria, abuso, injusticia. Elementos causales de la lucha armada en 1910-1917.

Que derivado del despojo y la concentración de tierra en pocas manos que no tienen capacidad de trabajar las tierras y aguas que poseen, disponen de la mano de obra de miles de jornaleros y obreros agrícolas y sus familias, que laboran día a día, a cambio de míseros salarios, todo el año para trabajar la tierra que acumuladas, sumando una clase asalariada rural integrada por obreros, jornaleros, técnicos, operadores, administradores y profesionistas agrícolas, desprovistos en su mayoría de derechos laborales y sociales, sin derechos sindicales al servicio de los nuevos patrones.

Que los pueblos indígenas y campesinos de México, somos los creadores, herederos y guardianes de las culturas milenarias, con usos y costumbres, organización interna e instituciones, que perviven hasta el presente, que nos dan identidad nacional y reconocimiento internacional por nuestras lenguas maternas, vestimenta, creencias, sistemas normativos, con aportaciones de valor universal, medicina tradicional mexicana, vestigios arquitectónicos, construcciones, monumentos arquitectónicos, albarradas, cerámicas, estatuillas, utensilios, herramientas, semillas y especies originarias del territorio nacional, osamentas, diseños y tejidos de ropa, conocimientos ancestrales, escrituras, códices, pinturas, esquelas, murales, manuscritos, planos, mapas, sistemas numéricos, astronómicos, centros ceremoniales, ceremonias, música, danzas, cantos, instrumentos musicales, el arte en todas sus manifestaciones y practicas ancestrales de los pueblos originarios que habitan el territorio nacional.

Que los indígenas, campesinos y afromexicanos hemos sido promotores y firmes defensores de la nación y el territorio, en la independencia, reforma, y revolución mexicana, luchando por la democracia y por la soberanía nacional

Que los indígenas y campesinos, junto con pescadores, obreros, mineros y petroleros son el soporte fundamental de la economía primaria nacional, los que extraen o producen las materias primas que alimentan la industria y el mercado, los que alimentan al pueblo y favorecen la obtención de subproductos que generan ganancias extraordinarias, cuyos excedentes alimentan el sistema financiero.

Considerando que mediante la reciente reforma del artículo 2 constitucional se reconoce a las comunidades indígenas y pueblos originarios sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que crea la posibilidad legal para que a través de sus órganos de gobierno administren recursos públicos para su desarrollo sustentable integral y democrático. No obstante ese importante avance, esta reforma no reconoce la propiedad social de los pueblos originarios y las comunidades indígenas como un cuarto poder de gobierno.

En marzo del 2025, la Cámara de Senadores aprobó la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conservar y proteger la diversidad de las 59 razas de maíces nativos, con ello, la Carta Magna destaca que debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y su manejo agroecológico, así como la promoción de la investigación científica-humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales, así como la responsabilidad del Estado para promover las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, y de los cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial del sistema milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado, así como la investigación, innovación, conservación de la agrobiodiversidad y asistencia técnica fortaleciendo las instituciones públicas nacionales.

No obstante, esta reforma constitucional no hace referencia a la biodiversidad, que es propiedad originaria de la nación en su integralidad, no protege esta propiedad de la nación como propiedad intelectual del germoplasma ni toda la aportación cultural desde los pueblos originarios que constituye el patrimonio biocultural de la nación.

El fallo contrario a México del panel establecido al amparo del T-Mec contrario al interés nacional, impide a la nación su derecho soberano de proteger su biodiversidad, practicas productivas ancestrales económicamente sustentables y determinar los principios de una salud alimentaria en beneficio de la población mexicana y del mundo, lo que obliga a reconocer en el artículo 27 constitucional la propiedad originaria de la nación, del germoplasma correspondiente y el establecimiento de principios soberanos para cualquier tipo de tecnología utilizable en la producción de insumos primarios e industrialización de los alimentos.

Cabe señalar como hecho paradigmático del maíz oloton. Esta variedad tiene la característica de disponer de raíces aéreas capaces de capturar el nitrógeno del aire, y por lo tanto, de no requerir de la misma cantidad de fertilizantes nitrogenados. Una empresa extranjera firmo un acuerdo con una comunidad indígena para la explotación como propiedad privada de un aporte cultural milenario de esa comunidad por interese privados y extranjeros. Por ello es indispensable la protección constitucional en contra del robo y explotación por intereses particulares y extranjeros de este patrimonio de la nación.

Nota: desarrollar un numeral sobre minería, bienes del subsuelo, espectro radioeléctrico, corredor interoceánico, y adiciones que están en color morado.

[1] Montoya Martín del Campo, Alberto. (1977) Síntesis de la tesis “Un Acercamiento a la Comunicación entre los Campesinos Mexicanos. Grado de Maestría en Comunicación y Cambio Social en la Universidad de Stanford. Impreso inédito en biblioteca del Colegio de Posgraduados, México.

[2] En las elecciones del 2018 se registró un listado nominal de 89,123,355 de electores, por lo que el 0.13% equivale a 115,860 personas.